Diariamente oímos declaraciones y observamos actitudes de políticos y funcionarios del gobierno anterior criticando acertadas y justas medidas del Gobierno Nacional, y en algunos casos tratando de entorpecer su gestión, lo mejor que podrían hacer es llamarse a silencio y ocultarse, no solo en bien de la salud pública, sino particularmente para tratar de preservarse y que la opinión pública con el tiempo vaya olvidando las fechorías que cometieron.
La adormecida y demasiada lenta justicia por el solo hecho de justificar su razón de ser debe abocarse con celeridad a enmendar su a veces dudosa y cómplice lentitud, de manera tal de volver a la jerarquía que en otros tiempos y con otros jueces supo tener.
Diferentes individuos, funcionarios y grupos económicos que se enriquecieron o crecieron con inadmisible prontitud, deben rendir cuenta de ese crecimiento al igual que aquellos funcionarios que debían controlarlos.
Escandalosos fraudes cometidos a nivel nacional, provincial y municipal, deben ser investigados por juzgados anti-corrupción a crear, algunos de estos delitos muy difíciles de cuantificar como es el caso de la venta de dólares a termino por parte del Banco Central, como único oferente a un valor inferior en un 30% del que se negociaba en el mercado de Nueva York, con montos que triplicaban las ventas normales, operatoria esta en la que sin lugar a dudas tienen en la más indulgente de las hipótesis una responsabilidad culposa el Presidente y el Directorio del Banco Central, el Ministro de Economía y en última instancia la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como así también debe conocerse quienes fueron compradores legítimos y quienes solo especularon tramposamente, se debe analizar la responsabilidad o no, que le pueda corresponder al mercado a través del cual se efectivizaban estas operaciones: el Rofex.
Todas las áreas de gobierno tanto nacional como provinciales y municipales deben ser auditadas ya que durante doce años fueron cotos exclusivos de quienes las tenían a su cargo y responsabilidad y cuando se detecten fraudes deben llevarse a la justicia y hacerse públicos de forma clara, accesible y comprensible a todos los ciudadanos.
La corrupción cuando llega a niveles como el que alcanzo en nuestro país, si bien es muy difícil y compleja de erradicar, juzgar y castigar, es una enfermedad que si no se la ataca con todos los medios e instrumentos que la justicia tiene y dispone es mortal.
Debemos evitar que un delito tape a otro, por otra parte es nuestro deber y compromiso como ciudadanos exigir que la Justicia con mayúscula se haga presente y actúe conforme a derecho con celeridad y rigor, como también debemos reaccionar y actuar ante jueces cuyos fallos son inadmisibles y vergonzantes, porque solo de esta forma podremos preservar la dignidad como Nación.
Buenos Aires, 19 de Marzo 2016
DIEGO LO TARTARO PRESIDENTE IADER